Fundación César Manrique
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Federico Aguilera, Teresa Soler, Saúl García, Albert Sanfeliu y Ana Linares
Federico Aguilera, Teresa Soler, Saúl García, Albert Sanfeliu y Ana Linares
Federico Aguilera, Teresa Soler, Saúl García, Albert Sanfeliu y Ana Linares
Federico Aguilera, Teresa Soler, Saúl García, Albert Sanfeliu y Ana Linares
En Suecia, eran igual de corruptos que nosotros pero lo que cambió fue la ciudadanía, que pasó a ser más exigente
 

La FCM proyectó el documental “Corrupción, el organismo nocivo” y se debatió sobre las causas y soluciones de este problema

 
Teresa Soler y Albert Sanfeliu, los directores del documental “Corrupción, el organismo nocivo”, pudieron llevar este proyecto a cabo gracias a la aportación económica de 451 ciudadanos y de dos instituciones: la Fundación César Manrique (FCM) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El 10 de noviembre, después de un recorrido por varias ciudades españolas, se estrenó la película en la Sala Saramago, con gran asistencia de público. La cinta trata la corrupción municipal desde el punto de vista de los denunciantes y ahonda en las consecuencias que ha tenido para ellos el hecho de haberse enfrentado a varios casos de corrupción. Tras la proyección se planteó un debate, moderado por el periodista Saúl García, en el que intervinieron los dos directores junto al catedrático de Economía aplicada de la Universidad de La Laguna, Federico Aguilera Klink y la Fiscal de la Audiencia provincial de Sevilla Ana Linares, especializada en urbanismo y medio ambiente.
 
Los directores comenzaron agradeciendo la colaboración de la FCM y reclamando la implicación de más instituciones de este tipo para afrontar este problema. Sanfeliu señaló que uno de los objetivos o valores del documental es el de intentar aumentar la calidad democrática y “dar voz a los que tienen valor para denunciar desde dentro del sistema”. “Vivimos en una paupérrima democracia”, aseguró, subrayando la desafección hacia la política que provoca la corrupción, y advirtiendo de que “todo el dinero que desaparece es de nuestros bolsillos”. También afirmó que “no se puede dejar todo en manos del Código Penal” y que hay que implicarse en la vida pública. De hecho, todos los participantes del debate, en distintos momentos, plantearon esa implicación, vigilancia o presión de los ciudadanos como uno de los requisitos necesarios para prevenir la corrupción, un paso que tiene que estar precedido por el del acceso a la información y el conocimiento, que es otra de las funciones que cumple el documental. “Para combatir la realidad hay que conocerla”, dijo Teresa Soler, que sostuvo que en España no tenemos un gen corrupto. “En Suecia hace veinte años eran igual de corruptos que nosotros, pero lo que cambió fue la ciudadanía, pasó a ser más exigente”. “No es lógico pensar que quienes nos han metido en este embolado nos vayan a sacar de él”, subrayó.
 
Por su parte, Aguilera Klink comenzó su intervención alertando del hecho de que “estamos educados para la sumisión y para no ver lo evidente” e invitó a cuestionarse esta circunstancia para no caer en una indefensión. Para evidenciar la corrupción del sistema económico y democrático, puso como ejemplo el caso de Gran Bretaña, donde “el sistema está montado para que las grandes empresas no paguen impuestos” y el caso de España, donde la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que el fraude en la contratación pública es de unos 48.000 millones de euros. “Muchas leyes están hechas como un coladero”, aseguró, porque sirven “para que el que roba en nombre de los partidos políticos salga ileso”.
 
La fiscal Ana Linares, que en 2007 ya participó invitada por la FCM en un seminario sobre la corrupción, se mostró impresionada por la “conciencia ciudadana en la Isla”, en comparación a aquel año, y puso en valor el papel de la Fiscalía en Lanzarote donde hay “gente muy joven y muy comprometida”, cuyo trabajo está “dando frutos positivos”. Dijo que, en los casos de corrupción, tiene más interés en recuperar el dinero defraudado que en enviar a un corrupto a la cárcel, abogando así por la reposición de lo defraudado. Criticó la nueva Ley de enjuiciamiento criminal, que fija un plazo para la instrucción de seis meses prorrogables a 24 pero que ni destina más medios ni más personal. “A los fiscales, señaló, también nos ponen palos en las ruedas “, y se preguntó si esta nueva Ley no es una búsqueda deliberada de impunidad, porque la investigación de casos de blanqueo de capitales o de grandes fraudes necesita más tiempo.
 
Teresa Soler reclamó la puesta en marcha de una Ley de protección al denunciante, para salvaguardar, asesorar y atender psicológicamente a estas personas. Es una iniciativa que ya promueven en change.org y que alcanza las 150.000 firmas. “No podemos conseguir una sociedad diferente con personas indiferentes”, aseguró, y mostró su extrañeza por que siga habiendo ciudadanos que votan a candidatos que están imputados o condenados por casos de corrupción, lo que provoca que se acaben legitimando estas prácticas.

 

Ambos directores incidieron en la necesidad de “salir del oscurantismo”, conseguir que las instituciones sean más transparentes y no dejar esto “sólo en manos de la Ley de transparencia”. “Es fundamental la responsabilidad individual”, concluyó Soler.